Publicado originalmente en Radio Nederland el 22 de octubre, 2013.
La “primavera del espionaje digital” está en todo su esplendor. En países como México, la empresa Gamma Group se encarga de vender equipos de alta tecnología para tareas de espionaje, “sin asumir ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga”.
Por Jacobo Nájera*
Mientras tanto, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto guarda silencio sobre el uso de los aparatos de espionaje y la sociedad civil demanda respuestas.
Hoy mismo, el diario alemán Der Spiegel publica que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) hackeó la cuenta de correo electrónico oficial del entonces entonces presidente mexicano Felipe Calderón y obtuvo información “profunda” de la gestión interna del sistema político de México.
“Esta operación de hackeo permitió a la NSA, no solo obtener información de los cárteles de la droga, sino que le dio acceso a puntos de conversaciones diplomáticas”, indica la publicación alemana.
Pero no es únicamente la NSA la que espía. Como es sabido, la vigilancia en Internet es un servicio que se vende a gobiernos y empresas privadas. Y un ejemplo de este negocio en el mismo México es la empresa Gamma Group, dedicada al desarrollo de soluciones para espionaje y monitoreo.
Entre los productos que comercializa se encuentra Fin Fisher, equipo compuesto de software y hardware que permite mantener vigilancia de forma focalizada en el interior de una red informática, desde el monitorio de llamadas de video y audio, registro de correo electrónico, hasta la posibilidad de controlar la cámara y el micrófono de los equipos de las víctimas.
FinFischer en México
Éste producto cobró notoriedad en los medios de comunicación después de que Wikileaks publicara una ficha técnica de su funcionamiento. El 7 de julio de 2013, el diario Reforma de México reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) y otras Secretarías de gobierno utilizan el Fin Fisher. Basados en los contratos, Reforma documentó la venta de varios equipos de espionaje al gobierno mexicano, con un valor superior a los 15 millones de dólares.
Tras la publicación, un grupo de activistas mexicanos de derechos humanos y periodistas agrupados en las organizaciones civiles Propuesta Cívica, AlConsumidor y Contingente Mx solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) investigar sobre la utilización del Fin Fisher en México. Al mismo tiempo, indicaban que ha sido usado para espiar periodistas y activistas, además de violar la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares.
“Demandamos que sea publicada la información sobre las adquisiciones, características y los protocolos de uso (del software), así como el número de entidades y los mecanismos de control y evaluación para su ejecución.
En este sentido, el Gobierno federal debe dar respuesta inmediata al punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión, el 17 de julio de este año, entregando el informe detallado que la representación popular ha requerido”, indican las Ong´s en un reciente comunicado.
La petición emitida por las organizaciones civiles se sustenta en un estudio con criterios de orden científico publicado por Citizen Lab (Universidad de Toronto). En el informe se asevera que, bajo las empresas Iusacell y Uninet dedicadas a proveer de acceso a Internet en México “se encuentran dos servidores con software Fin Fisher instalado”.
Iusacell y Uninet rechazan las acusaciones y responden que “no han permitido la instalación del servidor en alguno de sus centros de datos”. Pero no descartaron que lo pueda haber hecho uno de sus usuarios a los que les brindan acceso a Internet. Uninet agrega que “no tienen ninguna responsabilidad sobre el uso que sus clientes hacen sobre las direcciones IP”.
Entretanto, el Citizen Lab ha documentado que hasta el 14 de septiembre pasado, Fin Fischer estaba siendo utilizado por el gobierno mexicano http://svenskacasinon24.se/.
Presión de las Ong´s
Las organizaciones involucradas demandaron al gobierno “que suspenda el uso de los programas y equipos relacionados con Fin Fisher”, “que el gobierno mexicano adopte una más decidida protección de la privacidad de las comunicaciones y de garantía a la libertad de expresión”, “que los proveedores de acceso a Internet revelen quiénes usan las direcciones IP asociadas a Fin Fisher”. Y para finalizar, subrayan la urgencia de que cuenten con un instrumento de transparencia sobre las peticiones que hacen los gobiernos a los proveedores de servicios por medio de la emisión periódica de un informe con el número y tipo de solicitudes, así como la autoridad que las realiza”.
Propuesta Cívica, Alconsumidor y Contingente Mx se preparan para confrontar las respuestas de los proveedores de acceso a Internet, sobre algo que cada vez está más presente, y ha pasado de convertirse de una serie de prácticas aisladas a un servicio que vende Gamma Group bajo la marca Fin Fisher, y que despierta el interés de otras empresas para entrar en el negocio.