Publicado originalmente en Global Voices, 25 de mayo de 2021
En 2009 se intentó un padrón similar, y la base de datos terminó filtrada y a la venta.
En México se aprueba que datos biométricos, nombre y dirección de usuarios de telefonía movil sean registrados en una base de datos, una decisión alarmante, según activistas. El gobierno de México ya ha fallado varias veces en la protección de datos personales.
El Senado de la República de México aprobó y luego publicó el 16 de abril, el decreto que modifica la ley mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
El padrón consiste en la creación de una base de datos con información de los titulares de las líneas de telefonía móvil, bajo la custodia de los operadores de telefonía. Esto es lo que establece el decreto:
El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, que deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil (…)
Esto significa que exige a las personas usuarias de telefonía móvil en México el registro de sus tarjetas SIM con sus datos personales y biométricos, como las huellas dactilares o rasgos faciales. Los operadores de telefonía serán los encargados de recabar y administrar estos registros. Se estima que la creación del padrón tendrá un costo de 700 millones de pesos, o 35.4 millones de dólares.
La motivación para realizar estos cambios legislativos según en el Senado de México es “la colaboración con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de ilícitos.” Para 2019 se estimaron 22.3 millones de personas víctimas de delitos, según datos nacionales. Alcanzar “la paz y la seguridad” fue uno de los ejes más importantes del presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador cuando fue elegido en 2018.
Durante el proceso legislativo y posterior a su aprobación han surgido críticas. Tal es caso de la organización civil Red en Defensa de los Derechos Digitales que advirtió es las primeras fases del proceso que no existe evidencia de que este tipo de mecanismos contribuyan a la reducción de los delitos y a su vez es fácil de evadir. Mientras, también se atentaría contra derechos fundamentales como la privacidad y puede poner en riego la seguridad de las personas por la posibilidad del acceso no autorizado o filtración de los datos personales. La organización plantea que afectaría la presunción de inocencia ya que “la reforma establece que todos los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica a la persona registrada al padrón” por lo que las personas tendrían que demostrar que no son responsables en el caso, por ejemplo, de robo o suplantación.
Por su lado un sector de la industria electrónica de telecomunicaciones, que agrupa 1000 empresas, pidió a los legisladores rechazar la iniciativa de ley. Entre sus argumentos se encuentra la dificultad para la creación de una base de datos en un ecosistema en donde cada operador tiene tecnologías diferentes y la desincentivación en la inversión que esto puede ocasionar, además del argumento que no reduciría los niveles de criminalidad.
En México, si bien se registra un aumento en la confianza del gobierno federal según cifras oficiales, también los mexicanos perciben un incremento del 7.5% de las víctimas de corrupción según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019. Las organizaciones temen que la lista de datos personales se pierda y que caiga en manos de personas malintencionadas, aumentando así el sentimiento de inseguridad.
En México se cuenta con varios casos documentados en donde instituciones de gobierno han fallado en la protección de datos personales, según el organismo federal encargado de la protección de los datos personales. Uno de los más recientes es el de la Secretaria de la Función Pública que expuso los datos de 830,000 funcionarios de la administración federal.
Otro caso se encuentra en el sector salud. En 2018 se registró la filtración y exposición de 2.3 millones de expedientes clínicos del estado de Michoacán. En esta exposición de datos la autoridad federal determinó que la “responsabilidad potencial” fue la empresa de tecnológica Hova Health. También en este mismo sector, en 2020, se reportó que datos personales de pacientes trabajadores del estado estaban disponibles en motores de búsqueda en internet.
En 2009 se intentó un padrón similar, el llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Este mismo estuvo en funcionamiento durante dos meses para luego ser desechado después de que se informara que la base de datos estaba a la venta. En 2013 el padrón electoral estuvo a la venta.
Frente a la creación del padrón de telefonía móvil la ciudadanía ha promovido acciones de defensa legal por medio de amparos, pero la mayoría de amparos fueron desechados por los jueces. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó interponer acción de inconstitucionalidad porque considera que el padrón atenta contra la protección de datos personales y de acceso a la información. También se unió a estas acciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al considerar que no podría destinar recursos para la creación y operación del padrón, debido a que no se aprobó presupuesto, y además podría afectar a la libertad de expresión y el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Por su parte la iniciativa #NoALPadrón que agrupa 10 organizaciones sociales exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo del estado, que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra del padrón. Sin embargo dicho organismo respondió que no se sumaría y solo dará seguimiento.
Foto de Kristin Hardwick en stocksnap, bajo dominio público